May. 8, 2022

Desafíos para recuperar la confianza

Mientras se cuentan las horas para que se vayan para siempre al destierro político Carlos Alvarado y su logia de “los más preparados”, muchos de los que guardaron un piadoso silencio por cuatro u ocho años sufrieron un repentino ataque de locuacidad: ahora vierten ríos de tinta y horas de discursos en buscarle un epitafio adecuado. Demasiado tarde. Sobre el desempeño del Gobierno saliente ya he dicho cuanto tenía que decir. En palabras de Jane Austen: “Que abunden otras plumas en la descripción de infamias y desventuras. La mía abandona en este punto esos odiosos temas”.

Nuestro foco debe ir en la dirección contraria: hacia el futuro. Algo deberíamos haber aprendido de todo lo (mucho) que se hizo mal; y el afán de corregir y avanzar debería ser el faro cardinal para el nuevo Mandatario y para el gabinete que tomará este domingo a mediodía las riendas de nuestra nación.

Ahora bien, al “armar” un equipo, importa más la idea de juego de quien elija la alineación, que la alineación misma. De momento—y a falta de referentes ideológicos o programáticos claros en el Partido Progreso Social Democrático, o en las figuras que llegan al poder bajo su bandera—, sólo queda especular cuál será esa “idea de juego” basados en el perfil de los “jugadores” anunciados. Y en esta área, para hablar con franqueza, las señales dadas por el Presidente electo han sido mixtas en el mejor de los casos. Parece haber una intención de integrar el Gabinete con nombres “que no asustan”, para usar una expresión del recordado Alberto Cañas.

Claro está, hay nombramientos que parecen a priori bastante acertados: el vicepresidente Stephan Brunner como coordinador del sector económico, Natalia Díaz como Ministra de la Presidencia, Franz Tattenbach a cargo del MINAE, Manuel Tovar en COMEX, Álvaro Ramos Chaves para administrar la CCSS, Mónica Araya para dirigir el INS, Laura Bonilla en el MAG, o Fabiola Romero en Dinadeco, por mencionar algunos. Otros, sin embargo, dejan en el aire ciertas interrogantes y expectativas, quizá por ser personas desconocidas fuera de ciertos círculos: los titulares de Seguridad, Vivienda, el MOPT y el MEP, pueden ser buenos ejemplos. Y un tercer grupo lo componen quienes, por diversas razones, cargan consigo algún “equipaje” del cuatrienio pasado o más allá, gracias a cuyo peso entran en teórica desventaja: Yorleni León en el IMAS, Cindy Quesada en el INAMU, Jorge Ocampo para el IFAM, Juan Alfaro López en el INA o Nogui Acosta en la crítica cartera de Hacienda.

La “alineación”, sin embargo, termina por ser un accesorio de la “idea de juego”. Pero, a diferencia de lo que ocurre en un equipo deportivo, la República permite que simples ciudadanos puedan ofrecer algún modesto insumo para construirla o mejorarla (a menos, claro está, que no les importe o tengan algún interés maligno en hacerla fracasar desde el primer día, como parece ser la perversa actitud del Frente Amplio llamando a “protestar” contra la nada).

En este espíritu patriótico, y con la visión de retornar al camino del desarrollo nacional (perdido hace ya tanto tiempo), me permito plantearle al “cuerpo técnico” tres objetivos que debemos resolver lo antes posible y sin muchos rodeos.

I.              Reconquista del orden constitucional

Más que procurar cambios altisonantes pero imprácticos e incluso peligrosos (por ejemplo alterar la Constitución, satanizar a los partidos políticos o cambiarle los efectos al sufragio), el camino más rápido para reactivar la confianza—y con ella, la economía—va en la dirección opuesta: es el pleno restablecimiento del orden republicano constitucional de nuestro país. La Carta Fundamental existe para ser respetada, en primer término, por el mismo Estado. Es la defensa primaria de la ciudadanía, y contiene el catálogo de "condiciones" por las que esta consiente en ser gobernada.

Si a fuerza de privilegiar a unos y hostigar a otros el Gobierno saliente y sus antecesores nos llevaron a divisiones y fracasos, el camino del éxito está en reencontrarnos con lo que nos une: nuestra nación, nuestros valores, nuestra historia, nuestra tierra, nuestra bandera. El abandono del falso y divisivo “consenso progre”—obra exclusiva del narcisismo ideológico de ciertas élites—y la reinstauración del interés general y la libertad como principios cardinales, son una demanda apremiante que debe satisfacerse no sólo con gestos simbólicos, sino con acciones determinadas. Estará en manos del nuevo Ejecutivo emitir decretos tendientes a restablecer los límites al poder político, suprimir aquellos ya emitidos que buscan amedrentar a la población, y realizar una reorganización inmediata de los ejes temáticos, competencias y alcances de las instituciones existentes.

II.            Tecnificación y reducción del Estado

El constante asedio sobre los bienes, salarios y frutos del trabajo de la ciudadanía ha sido la tónica de las últimas administraciones, en nombre de una supuesta “justicia social” que no tiene nada de social y menos aún de justa. En esta dirección, el ofrecido cambio debería ir a suprimir el manifiesto sobrepeso del Estado costarricense, cuya factura pagamos todos en forma de impuestos, inflación y estancamiento.

Si ya se sacrificó a la ciudadanía—y especialmente al sector productivo—con tributos mayores y restricciones atolondradas, el único camino decente que queda por recorrer al Estado es gastar menos. Hay programas públicos que duplican funciones, o no dan los resultados que justifiquen su costo, y deberían ser refundidos o cancelados. Hay entidades que reciben recursos y no saben ni para qué los quieren. Y hay instituciones que simplemente ya cumplieron su ciclo o que carecen de sentido. El nuevo Gobierno tendría que estar, desde el primer minuto, en el proceso de valorar cuáles entidades ya no tienen lógica para nuestra Patria—como había dejado de tenerla un Ejército permanente en 1949—y proceder a su liquidación. Será una señal muy poderosa para la gran masa de costarricenses que miran con amargura a un Estado que les extrae cuantiosos recursos para hacer gala—al menos en los últimos dos Gobiernos—de una callosa insensibilidad y de un gusto por las extravagancias más grotescas.

III.           Reforma educativa

En materia de educación pública, el modelo implantado por el Estado en los últimos 16 años—iniciado por Leonardo Garnier y fortalecido por Sonia Marta Mora, Edgar Mora y Guiselle Cruz—ha resultado ser un fracaso total e indiscutible. Los resultados saltan a la vista: en todos los índices y mediciones atinentes se nota un retroceso grave, pero es más evidente aún en las actitudes y aptitudes de nuestros muchachos cuando logran sobrevivir a un sistema más empeñado en meterles ideología que conocimiento.

La rectificación en esta materia es, quizás, la que más rápidamente debería emprender el nuevo Gobierno. Después de todo, para la gran mayoría de quienes le dieron el triunfo, la educación pública luce todavía como la única posibilidad para sus familias, y por ende les resulta indignante que se persigan otros fines e intereses. La crisis COVID-19 demostró cuán necesarias—y prácticas—resultan las modalidades alternativas, sean estas virtuales o mixtas, para una formación más balanceada y efectiva de nuestra niñez, como ya hace tiempo se estila en otros países; y las herramientas tecnológicas existentes son idóneas para materializar el derecho de los padres a elegir para sus hijos los métodos y contenidos que estimen apropiados, sin estar de antemano “condenados” a aceptar incondicionalmente lo que se defina en los círculos burocráticos. Esto conlleva también a una impostergable mejora en la oferta educativa pública, al destierro de cualquier tentativa de implantar—de forma solapada o abierta—una “ideología oficial” desde ella, y a una pronta mejora cualitativa en la capacitación y dignificación de los educadores.

Aún a pesar de su escuálida presencia en el Congreso y a lo desdibujado del partido político que lo elevó a la cima, el nuevo Gobierno tiene una oportunidad inédita en nuestra historia. El expectante beneplácito de la ciudadanía puede ser de corta duración, pero—a diferencia de la derrotada e intransigente secta del socialismo “progresista” afincada en el Frente Amplio y el difunto PAC—tiene una cortés disposición a darle cierto tiempo al Presidente entrante y a su “selección” para plasmar sus primeras ideas. Las expectativas son altas, pero no desmesuradas. Medidas claras y decisiones rápidas, de cumplimiento oportuno y correctamente calibradas, serán mucho mejor recibidas que las ocurrencias, improvisación e insolencia que tanto marcaron los años pasados. Esperaremos que, pasados los simbolismos y la liturgia cívica, un Gobierno llegue finalmente a trabajar por la agobiada y desconfiada ciudadanía, y a recuperar su confianza.

 

Robert F. Beers