Feb. 11, 2021

¿Orden constitucional o desorden moral?

Para los que desde hace tiempo venimos advirtiendo los constantes ataques a la Constitución por parte del poder político de turno, nos resulta casi risible el altisonante editorial de “La Nación” publicado hoy. Es obvio que no podía esperarse otra cosa del panfleto de Llorente, con su acostumbrada doble moral, sino que corriese raudo al auxilio del inquilino que ellos mismos impulsaron hacia Zapote, como lo habría hecho su ancestro “La Información” al servicio incondicional de la dictadura de los Tinoco.

Haciendo eco de una campaña orquestada para convertir al acorralado Mandatario en una “víctima” de sus “buenas intenciones” y exaltarlo como si fuera la personificación de la institucionalidad (la misma de la que antes se burlaba entre alusiones fecales), los propagandistas—perdón, editorialistas—se rasgan las vestiduras como si el llamado a comparecer ante una Comisión Investigadora equivaliese a un golpe de Estado. Asombroso, y casi risible, considerando el silencio de “La Nación” cuando sus amiguitos de la preescolar presidencial hacían travesuras mucho más graves.

No hubo editorial de “La Nación” en agosto de 2019, cuando el Presidente violentó abiertamente el artículo 9 de la Constitución al exigir de forma pública la renuncia a un diputado (de su propio partido, nada menos). Y eso, que la división de poderes se estudia desde la escuela.

Guardó silencio editorial este medio cuando, en febrero de 2019, el Gobierno pretendió restringirle al Congreso la potestad de legislar, planteando que no se pudiera introducir mociones a los proyectos de ley que vinieran del Poder Ejecutivo, aunque hubiese que violentar los artículos 9, 105 y 121 de la Constitución.

Silencio total en Llorente en diciembre de 2019, cuando el Poder Ejecutivo emitió un decreto que alteraba el contenido esencial de una norma de rango legal, lesionando los artículos 9 y 37 de la Constitución, y comprometiendo la protección al derecho a la vida (artículo 21). Las impugnaciones van y vienen ante la Sala Constitucional, pero la risita burlona de Zapote parece tener su espejo al otro lado de la capital.

Siguió callada “La Nación” mientras el Poder Ejecutivo decretaba lo que en la práctica era una suspensión de garantías constitucionales—incluyendo el libre tránsito, la libre reunión, el libre comercio y la libertad de culto, entre muchas otras—sin pasar por la Asamblea Legislativa, ni respetar el plazo máximo de vigencia de este tipo de medidas drásticas, ni mucho menos rendir un informe de sus resultados, todo lo cual se ordena en el artículo 121 inciso 7 de la Constitución. Le pusieron otro nombre, pero por sus efectos fue una suspensión de garantías, basada en una “interpretación” sin sustento doctrinal ni jurisprudencial, como bien señaló la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados. Y todo ello, cohonestado por una sucesión de Presidencias legislativas pusilánimes que, por cálculo o por incapacidad, no han sabido ni querido hacer respetar sus propias prerrogativas constitucionales.

Ni siquiera pestañeó Llorente cuando, a fines de julio e inicios de agosto de 2020, la Fuerza Pública anunció que interceptaría a quienes intentaran ingresar a Cartago, incluso a pie, bajo amenaza de “órdenes sanitarias” que resultaban ser penas solapadas. Y no, en una República el fin no justifica los medios.

Y por supuesto, tampoco hubo editorial de “La Nación” cuando se emitió el infame decreto de la UPAD, lesivo para el derecho a la intimidad de los costarricenses—y enmarcado en un turbio contexto internacional en esta materia que incluso ha impulsado a las Naciones Unidas a establecer una Relatoría Especial sobre el Derecho a la Privacidad para combatir los abusos por parte de Estados y empresas privadas—. Más bien, fue otro medio, CR Hoy, el que dio la primera voz de alarma, y Carlos Alvarado tuvo que derogarlo en cuanto fue descubierto y denunciado. La crisis política iniciada hace un año motivó la renuncia del entonces Ministro de la Presidencia, la jefatura de Despacho del propio Presidente y cinco funcionarios más, así como los vergonzosos allanamientos a Casa Presidencial y otras dependencias, y la confirmación de la existencia del mismo “troll center” que en estos días anda tan activo nuevamente—suponemos que en “teletrabajo”—injuriando oponentes, acosando páginas Web, y confundiendo a la opinión pública. Pero de esto, claro está, nada comenta “La Nación”.

Ni chistó tampoco “La Nación” cuando el Presidente quiso interferir en la potestad del artículo 121 inciso 2 de la Constitución, que le otorga de forma exclusiva a la Asamblea Legislativa el poder de elegir el lugar de las sesiones de sus órganos: una potestad que no está limitada por ninguna costumbre o la comodidad de ningún personaje ajeno a dicho poder.

 

¡Pero ahora sí aparece el editorial! Y no cualquier editorial: uno que repite, sin muchos matices, la misma partitura de disparates jurídicos con los que los peones políticos del Presidente han querido posar como “víctimas” de una despiadada persecución. Uno que denuncia que, ahora sí, hay una “ruptura del orden constitucional”. ¿Sería que antes no la hubo? ¿Sería que el inocente y angelical Poder Ejecutivo nunca violentó la Constitución? ¿O será que se busca un pretexto altisonante para terminar de anular al Poder Legislativo, ahora que por fin se acordaron algunos de sus miembros de las prerrogativas que les corresponden como representación legítima de la ciudadanía?

Si al fin el boletín oficial del Gobierno PAC va a admitir que el orden constitucional ha sido triturado durante este periodo, habría sido mucho más honesto que reconociera también quiénes y desde dónde han producido esa ruptura. La descomposición política y social de una República no se produce en un solo acto, ni en un solo día.

Robert F. Beers

Síganos en Facebook: RBeersCR

Síganos en Twitter: RobertFBeersCR