Aug. 21, 2017

UBER, la Dama y el Furibundo

En otras oportunidades he mencionado que el privilegio de vivir en una República alcanza para proteger el derecho de expresión de todos. Este derecho no tiene requisitos previos, ni cambia en razón del rango político que tenga una persona; y está pensado para posibilitar un debate franco y abierto sobre los asuntos de interés público, donde incluso, en alguna medida, ambas partes pueden tener razón.

En ejercicio de esta libertad, la conocida empresaria y modelo Leonora Jiménez puso en el tapete—una vez más—el tema de UBER, la famosa plataforma electrónica para transar servicios de transporte. Su primera publicación en redes sociales quizá no fuera diferente de muchas otras, en las que una opinión perfectamente honesta se pierde bajo la sombra de apresurados juicios de valor; pero al menos obró el milagro de precipitar lo que pocos medios de prensa y aún menos ciudadanos han logrado obtener últimamente: una respuesta directa del Presidente de la República.

Está claro que nuestro Mandatario ha perdido la paciencia con la brutal hostilidad mediática que lo ha atosigado desde el primer minuto, y en semanas recientes se ha mostrado mucho más proclive a fruncir el ceño y hablar golpeado. En este contexto, es positivo que se haya dignado a dar a una ciudadana común una explicación puntual sobre sus actuaciones en el caso de UBER. Ahora bien, cabe suponer que don Luis Guillermo se sintiera más comprometido a justificarse ante Leonora; después de todo, ella fue una de las primeras figuras públicas que se atrevió a pedir votos para él, cuando aún no le daban la menor posibilidad de triunfo en la elección de 2014.

Lo que nos debe interesar, sin embargo, es el contenido de la respuesta del Presidente, y también los comentarios que a esta réplica dedica—en tono mucho más ecuánime—la empresaria. Y ambas son relevantes por una curiosa razón: aunque sus posiciones parecen ser antagónicas en cuanto a UBER, ambos tienen la razón.

Desde el punto de vista constitucional, dice verdad don Luis Guillermo: la obligación del Poder Ejecutivo es, por supuesto, ejecutar la legislación vigente. No le toca valorar si esa legislación es buena o mala, ni mucho menos cambiarla; ambas cosas le corresponden únicamente al Poder Legislativo. Tampoco sería ético ni legítimo dejar de aplicar la ley porque alguien se lo pide o porque algo “está de moda”, pues eso sería igual que avalar el interés de cierto candidato en que a sus propios negocios con el Estado no se les apliquen los controles de la contratación administrativa.

Hoy por hoy, la ley establece que el transporte de personas es un servicio público regulado; y le corresponde al Poder Ejecutivo hacer respetar esta regulación en todos los casos. No hacerlo sería un incumplimiento de deberes, y sentaría un pésimo precedente para el sistema republicano, al debilitar el imperio de la ley. Dicho de otra manera, y según el principio de igualdad ante la ley, el Gobierno tendría que dar el mismo trato a un UBER que a un “pirata”, pues las únicas diferencias serían el modelo del carro y el uso de una “app” muy “cool” en el celular, aspectos ambos que carecen de relevancia para efectos legales.

Ahora bien, la cuestión que valientemente intenta plantear Leonora es la que cabe desde la óptica de la República: ¿responde la legislación vigente al interés general, o no? Y creo que todos sabemos la respuesta. Si algo nos ha dejado claro UBER (y no sólo en Costa Rica, sino en todos los países donde ha ingresado), es que la visión del transporte público que inspiró el ordenamiento actual quedó obsoleta hace rato.

La ejecución de dicho paradigma, digámoslo de una vez, no fue la más feliz. La lógica de la concesión quizás funcione a medias para las líneas de buses; pero en el caso de los taxis, lo que tenemos hoy es básicamente la herencia del más desvergonzado clientelismo político practicado durante décadas por los partidos “históricos” del siglo 20. Así, el marco regulatorio no ha funcionado como el resguardo de los intereses del usuario, sino para darle un barniz de legalidad al privilegio de los “concesionarios”. Es difícil imaginar algo más opuesto al espíritu de la República, y este divorcio ha sido hábilmente explotado por UBER, que ha tenido la sagacidad de identificarse con su público y atraerlo con servicio, regalías y excelente publicidad “boca a boca”.

Lo más notable—y lo medular de su éxito mediático—es que UBER se atrevió a hacer lo que se suponía que debía hacer el Estado: vigilando estrechamente la calidad del servicio brindado, y atendiendo con celeridad las inquietudes de sus usuarios. Es innegable el ventajoso trasfondo tecnológico que permite este tipo de control; pero la realidad es que esta estrategia también resultaba conveniente desde el punto de vista del negocio, habida cuenta de la fosilización en que habían quedado los viejos “concesionarios” del servicio de taxi tradicional.

Aquí no se trata de contaminar la discusión con fanatismos ridículos, tomando a UBER como un símbolo de status, insinuando que objetar a su operación es sinónimo de “comunismo”, o defenderla apelando a un concepto tan marxista como la “lucha de clases” para poner a los taxistas tradicionales como una especie de chusma a la que hay que menospreciar por su condición social. La cuestión es mucho más simple: aplicar la perspectiva de la República y reconocer que el éxito de UBER, pese a su “pecado original”, deja al descubierto la patológica insuficiencia del modelo imperante de transporte de personas, que tiene también su propio “pecado original” en el clientelismo político.

Y si desde el plano del imperio de la ley le hemos dado cierta razón a nuestro furibundo Presidente, desde la óptica del interés general inferimos que también Leonora tiene razón: lo que se impone aquí es cambiar la legislación vigente.

Lo que nos corresponde entonces, como ciudadanos responsables, no es pedirle al Poder Ejecutivo que ignore la ley o que incumpla con su deber. Todo lo contrario: es exigirle con toda vehemencia al Legislativo que cumpla el suyo. Y que lo haga sin intimidarse ante los “poderes fácticos” ni las amenazas de sector alguno. El interés general de la República así lo demanda.

Robert F. Beers

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