Lo último...

Aug. 8, 2022

Mis estudiantes de Derecho Constitucional recordarán (con alguna sonrisa) que con frecuencia sus exámenes incluían una pregunta sobre el sistema de gobierno de Costa Rica. Los que contestaban “democracia” estaban destinados a llevarse un chasco, pues la respuesta correcta estaba de forma textual en el artículo 1° de la Carta Fundamental que estudiaban: “Costa Rica es una República”.

Una verdadera República, por supuesto, debe necesariamente tener una base democrática; pero la democracia, por sí sola, no equivale ni sustituye al concepto de República, sino que representa apenas el mecanismo válido de acceso al poder y toma de decisiones. En ese sentido, la República tiene un alcance mucho mayor. Hemos comentado en otras ocasiones que se trata de un sistema político nacido como antónimo de la concentración del poder. La República es, por consiguiente, el enemigo natural del absolutismo monárquico, el totalitarismo ideológico y cualquier otra modalidad de elitismo político. El republicanismo, como pensamiento político, se enlaza con el constitucionalismo como línea jurídica, y se complementan mutuamente en la aspiración de limitar y controlar al poder.

Por supuesto, no ha sido fácil ni gratuito establecer límites al poder político, ni mucho menos mantener en funcionamiento tales vallados en presencia de personajes públicos abusivos o pusilánimes. Hoy, sin embargo, el poder encuentra sólidas fronteras en su plazo (de modo que ningún ciudadano o agrupación pueda acapararlo a perpetuidad), en la clásica distribución por funciones (legislativas, ejecutivas y judiciales); y en el territorio (lo que nos lleva a tener tanto un gobierno nacional como múltiples gobiernos locales).

Es en este punto donde el concepto de “República” sobrepasa ampliamente al de “democracia”, al que tanto se ha “romantizado” y del que muchos prefieren hablar. La democracia es sólo uno de los componentes de la República, con su propia utilidad teórica y práctica. En la práctica, es la forma más precisa de tomar decisiones en función del interés general (expresado en una mayoría que la hace patente mediante el voto); y en la teoría, el método más eficaz para ratificar que el poder originario reside en la ciudadanía, y renovar así la legitimidad de todo el sistema jurídico y político acordado en la Constitución. Ahora bien, la democracia por sí sola es—ante todo—un instrumento, y como tal también podría ser utilizado para desarticular o destruir la República (táctica usual de demagogos y aspirantes a tirano en el pasado, presente y futuro).

Bajo este contexto, podemos entender mejor porqué, en nuestra República, existen ciertas reglas para la democracia electoral que, sin esta visión, parecerían antojadizas o arbitrarias. Entendiendo la necesidad de distribuir y limitar el poder, comprendemos cuán saludable es que las elecciones municipales estén separadas de las nacionales, o que los escaños legislativos y municipales se asignen en proporción a los votos recibidos y no bajo la lógica de “todo o nada”; o cuán necesario es que se exija un porcentaje contundente de votos para declarar electo a un Presidente de la República y cederle la plena conducción del Poder Ejecutivo y el mando supremo de la Fuerza Pública.

Con este principio en mente, se vuelven altamente sospechosas las reiteradas tentativas que se vienen suscitando en las últimas semanas desde algunos círculos políticos, en el sentido de debilitar o desvirtuar precisamente las reglas que dan sentido republicano a la democracia electoral. Estas intentonas antirrepublicanas tienen varios elementos en común: se han planteado bajo argumentos débiles o falaces, incluyendo el tema de los costos; no logran esconder su verdadero objetivo—resolverles “por la vía rápida” un problema electoral a los partidos proponentes y evitarles la magna tarea de autocriticarse y adaptarse a una época distinta—; e invariablemente se han gestado desde el Partido Liberación Nacional, aunque usualmente cuentan con la firma de un diputado de la Unidad (casi siempre el cartaginés Alejandro Pacheco) y el apoyo supuestamente “ingenuo” de alguna otra agrupación.

No es ningún secreto que los partidos históricos, mal acostumbrados desde el siglo pasado a dominar en todos los niveles mediante el mito de la “estructura” (una especie de “aplanadora política” que se valía de la figura del candidato presidencial para acaparar anónimamente los demás puestos), ahora tienen tremendas dificultades para conseguir apenas una decena de diputados o superar el 15% de la votación en una elección nacional, mientras que su hegemonía municipal también se ha ido erosionando ante el embate de agrupaciones cantonales.

Tampoco es un secreto que ese visible deterioro en su rendimiento electoral es al mismo tiempo causa y consecuencia de sus crisis internas. Nacidos a la vieja usanza, los partidos tradicionales se han ido degradando a toda velocidad. El destructivo PAC se autodestruyó por todos los medios; el hundido PUSC pretendió reinventarse como una especie de “federación de partidos provinciales” para retener curules legislativas; y el PLN se “feudalizó” para quedar en manos de alcaldes y ex alcaldes con mentalidad aldeana. Hace rato se olvidaron ambos de generar pensamiento propio—algo que castigan en lugar de estimular—y de ofrecer liderazgos frescos a escala nacional. Por el contrario, nos vienen ofreciendo esencialmente los mismos planteamientos y las mismas candidaturas desde la década de 1990.

Ante la incapacidad de renovación de esas estructuras, habríamos esperado que otras agrupaciones recogiesen el reto y se dedicaran a hacer precisamente lo que los viejos partidos abandonaron: forjar grupos de pensamiento y liderazgo, plantearse como referentes ideológicos claros, y proyectar gabinetes en lugar de candidatos. Pero lamentablemente no ha sido así. Unos han elegido operar bajo la lógica de una franquicia (como si un partido fuese una simple “marca comercial”), y otros simplemente no logran aprender que egos grandes producen partidos pequeños, y parecen empeñados en copiar los vicios y en desaparecer del mapa político antes que poner reparo alguno a la infalibilidad de su autoproclamado líder.

Todos los mencionados, sin embargo, son problemas de los partidos. No se deben a que las elecciones municipales se realicen en fecha distinta, ni a que la Constitución demande un porcentaje de votos que antes, curiosamente, no les parecía muy alto. De allí que los retrocesos que vienen planteando desde el Congreso y la prensa los nostálgicos del bipartidismo, sean implícitas confesiones de mediocridad y frustración, pero también síntomas de una peligrosa tendencia elitista que procura devaluar el voto y repudiar la participación ciudadana en busca de una mayor concentración de poder: precisamente la antítesis de la República.

Así las cosas, lo que merece el calificativo de “disparate” (o de “idiotez”, para usar el término con el que un diputado quiso defender la que él firmó) es la pretensión de dejar en manos de unos pocos la elección definitiva del Presidente de la República. Las motivaciones para tal iniciativa son tan absurdas—o tan perversas—que lo único sensato que cabe es desterrarla. Esperemos que los partidos políticos se olviden de promover tal disparate, y que mejor se dediquen a hacer lo que deberían estar haciendo, en lugar de arrastrar en su caída a la República con tal de no renunciar a la mediocridad.

May. 20, 2022

El sistema político que hoy conocemos como “República” surgió como una reacción contra la concentración del poder, para tornarse en el enemigo natural del absolutismo monárquico, del totalitarismo, y de cualquier otra forma de elitismo político. La necesidad de poner límites infranqueables al poder es el origen común de la República y del constitucionalismo, que idealmente marchan siempre de la mano. De allí que sea tan importante, en todo diseño institucional republicano, la fundamental premisa de mantener al poder dividido, limitado y controlado.

El poder político, en la República, se divide y limita de muchas formas. Por ejemplo, es normal y deseable que encuentre límites por plazo, de manera que ningún ciudadano pueda permanecer en él por más tiempo del debido. Otro de sus límites es la tradicional separación por funciones (legislativas, ejecutivas y judiciales); y una adicional, que complementa la anterior, es la distribución por territorio (gobierno nacional y gobiernos locales).

Hacer valer estos límites y separaciones no ha sido tarea fácil ni gratuita, y el proceso para conseguirlos no ha estado exento de tropiezos y retrocesos. No siempre se ha tenido un Poder Judicial independiente ni una Asamblea Legislativa que le “marque la cancha” a Ejecutivos torpes o desbordados. Pero la gradual conquista de gobiernos locales más sólidos e independientes (la realización de la “autonomía municipal” planteada por los constituyentes originarios) ha sido quizás el cambio más tangible en nuestro paisaje político durante los últimos 20 años.

En ese lapso pasamos de tener Ejecutivos y Concejos Municipales anodinos, casi anónimos y elegidos simplemente “por arrastre” a la sombra de las elecciones presidenciales, a una etapa intermedia que no satisfizo a nadie, para luego llegar hacia un panorama competitivo y vigoroso por derecho propio, donde lo comunal importa y define. Para bien o para mal, esta nueva dinámica ha generado que nuestra política electoral se componga ahora de dos “universos paralelos”—uno municipal y el otro nacional—con muy poco en común; pero también tenemos ahora una “cultura de lo local” que no existía prácticamente desde los tiempos coloniales, y por añadidura una mayor capacidad de exigir cuentas a nuestros representantes inmediatos: un avance nada despreciable.

Una transformación de tal magnitud, por supuesto, tenía que repercutir en la conducta y organización de los partidos políticos—por excelencia el vehículo constitucional de participación para la ciudadanía—. No sólo originó un auge creciente de las agrupaciones comunales (notable especialmente a partir de 2016, cuando se unificaron por completo las elecciones municipales), y una importante reducción del abstencionismo (descendió 13 puntos porcentuales de 2002 a 2020), sino que lanzó un tremendo reto a los partidos históricos, acostumbrados a dominar en todos los niveles mediante el mito de la “estructura” (una especie de “aplanadora política” que permitía acaparar la mayoría de los cargos enfocándose apenas en una figura, la del candidato presidencial).

Podríamos afirmar que, en ese sentido, las reformas también descentralizaron el poder político a lo interno de los partidos tradicionales. Pero esa redistribución del poder fue contaminada por una norma que jamás debió haberse introducido: la posibilidad de reelección continua e ilimitada de los Alcaldes, un privilegio que nuestra Constitución no concedió a ningún cargo de elección popular, y que marcha a contravía de nuestra historia constitucional desde 1859. El efecto de dicha norma ha sido completamente antirrepublicano, pues generó una serie de “feudos” donde el poder, en lugar de distribuirse, se concentra y eterniza en pocas manos.

Como resultado de esta “feudalización”, los partidos tradicionales nacidos a la vieja usanza (Liberación y Unidad) se han ido degradando con creciente rapidez. La aguda crisis del PUSC lo empujó a reinventarse como una especie de “federación de partidos provinciales”, orientada a obtener curules legislativas; pero el PLN se volvió ya irreconocible como entidad política individual, y se tornó en un rompecabezas de partidos cantonales homónimos, cuyo foco es exclusivamente lo electoral y, dentro de lo electoral, lo municipal. Ambos tienen rato ya de haberse olvidado de generar pensamiento propio—actividad que, lejos de estimular en sus filas, parecen decididos a castigar—y de ofrecer liderazgos frescos a escala nacional; y sus malacostumbradas “estructuras” locales no tienen ningún incentivo para sumarse a un esfuerzo general por la Presidencia o el Congreso. Sin embargo, este problema pertenece a los partidos mismos, y no al ordenamiento jurídico ni a la reforzada autonomía municipal.

Es de esperar, claro está, que haya sectores disconformes con los resultados de esta evolución republicana, o al menos con sus efectos colaterales sobre los antiguos partidos (la forma en que ha influido a otros más nuevos es tema para otro día). La reciente campaña política nos reveló un curioso interés de algunos círculos minúsculos por inducir alguna especie de “nostalgia” por el bipartidismo del siglo pasado. Pero haríamos muy mal en revertir una reforma sana y lógica sólo por resolverles los problemas internos a una o dos agrupaciones viejas y achacosas.

De allí que me asombrara tanto el planteamiento de mi colega Fernando Zamora Castellanos, en el sentido de devolver las elecciones municipales al formato insípido del siglo pasado; sobre todo por basarse en argumentos nada convincentes. No es de recibo, por ejemplo, invocar el costo de un proceso electoral como justificación para disminuir su número y frecuencia; pues bajo esa línea de razonamiento llegaríamos a la perversa conclusión de que la tiranía es gratis. Una nación que empobrece la democracia, se empobrece a sí misma.

Tampoco es de recibo pensar que es algo “malo” que haya un ciclo electoral cada dos años (sin considerar la posibilidad de que se convoque a algún referéndum en el ínterin). La experiencia ha demostrado que, en cuanto a sus resultados finales, las elecciones nacionales y las municipales guardan poca o ninguna relación. Por el contrario, desarrollarlas por separado evita que los temas locales sean distorsionados, absorbidos y anulados por el debate nacional, y promueve que los gobiernos locales tengan su propio momento para la exigencia de cuentas—lo que se ha traducido, además, en el descubrimiento de aparentes redes de corrupción de las que antes no habríamos tenido noticia—. Una República es más fuerte cuanta más voz tienen sus ciudadanos; y esa voz debe ser oída con más frecuencia y vigor, no con menos.

Comprendo la aparente preocupación de mi colega acerca de la “feudalización” de la agrupación política en la que él milita, y puedo excusarlo por el afán de encontrarle alguna solución al “secuestro” del partido por parte de la “logia de alcaldes vitalicios” que lo están estrangulando. Pero en ese caso, su propuesta debería dirigirse a acabar con lo único que les permite acaparar poder: la reelección continua. En esta tarea la reforma recientemente aprobada no sólo se quedó corta, sino que dejó entrever cuán dispuesta está esta “logia” a aferrarse a sus privilegios.

Retroceder en autonomía municipal y devolvernos al siglo XX no va en los mejores intereses de la República, de la limitación del poder, ni de la ciudadanía en general, aunque pudiera favorecer los intereses electorales del Partido Liberación Nacional.

Robert F. Beers

May. 8, 2022

Mientras se cuentan las horas para que se vayan para siempre al destierro político Carlos Alvarado y su logia de “los más preparados”, muchos de los que guardaron un piadoso silencio por cuatro u ocho años sufrieron un repentino ataque de locuacidad: ahora vierten ríos de tinta y horas de discursos en buscarle un epitafio adecuado. Demasiado tarde. Sobre el desempeño del Gobierno saliente ya he dicho cuanto tenía que decir. En palabras de Jane Austen: “Que abunden otras plumas en la descripción de infamias y desventuras. La mía abandona en este punto esos odiosos temas”.

Nuestro foco debe ir en la dirección contraria: hacia el futuro. Algo deberíamos haber aprendido de todo lo (mucho) que se hizo mal; y el afán de corregir y avanzar debería ser el faro cardinal para el nuevo Mandatario y para el gabinete que tomará este domingo a mediodía las riendas de nuestra nación.

Ahora bien, al “armar” un equipo, importa más la idea de juego de quien elija la alineación, que la alineación misma. De momento—y a falta de referentes ideológicos o programáticos claros en el Partido Progreso Social Democrático, o en las figuras que llegan al poder bajo su bandera—, sólo queda especular cuál será esa “idea de juego” basados en el perfil de los “jugadores” anunciados. Y en esta área, para hablar con franqueza, las señales dadas por el Presidente electo han sido mixtas en el mejor de los casos. Parece haber una intención de integrar el Gabinete con nombres “que no asustan”, para usar una expresión del recordado Alberto Cañas.

Claro está, hay nombramientos que parecen a priori bastante acertados: el vicepresidente Stephan Brunner como coordinador del sector económico, Natalia Díaz como Ministra de la Presidencia, Franz Tattenbach a cargo del MINAE, Manuel Tovar en COMEX, Álvaro Ramos Chaves para administrar la CCSS, Mónica Araya para dirigir el INS, Laura Bonilla en el MAG, o Fabiola Romero en Dinadeco, por mencionar algunos. Otros, sin embargo, dejan en el aire ciertas interrogantes y expectativas, quizá por ser personas desconocidas fuera de ciertos círculos: los titulares de Seguridad, Vivienda, el MOPT y el MEP, pueden ser buenos ejemplos. Y un tercer grupo lo componen quienes, por diversas razones, cargan consigo algún “equipaje” del cuatrienio pasado o más allá, gracias a cuyo peso entran en teórica desventaja: Yorleni León en el IMAS, Cindy Quesada en el INAMU, Jorge Ocampo para el IFAM, Juan Alfaro López en el INA o Nogui Acosta en la crítica cartera de Hacienda.

La “alineación”, sin embargo, termina por ser un accesorio de la “idea de juego”. Pero, a diferencia de lo que ocurre en un equipo deportivo, la República permite que simples ciudadanos puedan ofrecer algún modesto insumo para construirla o mejorarla (a menos, claro está, que no les importe o tengan algún interés maligno en hacerla fracasar desde el primer día, como parece ser la perversa actitud del Frente Amplio llamando a “protestar” contra la nada).

En este espíritu patriótico, y con la visión de retornar al camino del desarrollo nacional (perdido hace ya tanto tiempo), me permito plantearle al “cuerpo técnico” tres objetivos que debemos resolver lo antes posible y sin muchos rodeos.

I.              Reconquista del orden constitucional

Más que procurar cambios altisonantes pero imprácticos e incluso peligrosos (por ejemplo alterar la Constitución, satanizar a los partidos políticos o cambiarle los efectos al sufragio), el camino más rápido para reactivar la confianza—y con ella, la economía—va en la dirección opuesta: es el pleno restablecimiento del orden republicano constitucional de nuestro país. La Carta Fundamental existe para ser respetada, en primer término, por el mismo Estado. Es la defensa primaria de la ciudadanía, y contiene el catálogo de "condiciones" por las que esta consiente en ser gobernada.

Si a fuerza de privilegiar a unos y hostigar a otros el Gobierno saliente y sus antecesores nos llevaron a divisiones y fracasos, el camino del éxito está en reencontrarnos con lo que nos une: nuestra nación, nuestros valores, nuestra historia, nuestra tierra, nuestra bandera. El abandono del falso y divisivo “consenso progre”—obra exclusiva del narcisismo ideológico de ciertas élites—y la reinstauración del interés general y la libertad como principios cardinales, son una demanda apremiante que debe satisfacerse no sólo con gestos simbólicos, sino con acciones determinadas. Estará en manos del nuevo Ejecutivo emitir decretos tendientes a restablecer los límites al poder político, suprimir aquellos ya emitidos que buscan amedrentar a la población, y realizar una reorganización inmediata de los ejes temáticos, competencias y alcances de las instituciones existentes.

II.            Tecnificación y reducción del Estado

El constante asedio sobre los bienes, salarios y frutos del trabajo de la ciudadanía ha sido la tónica de las últimas administraciones, en nombre de una supuesta “justicia social” que no tiene nada de social y menos aún de justa. En esta dirección, el ofrecido cambio debería ir a suprimir el manifiesto sobrepeso del Estado costarricense, cuya factura pagamos todos en forma de impuestos, inflación y estancamiento.

Si ya se sacrificó a la ciudadanía—y especialmente al sector productivo—con tributos mayores y restricciones atolondradas, el único camino decente que queda por recorrer al Estado es gastar menos. Hay programas públicos que duplican funciones, o no dan los resultados que justifiquen su costo, y deberían ser refundidos o cancelados. Hay entidades que reciben recursos y no saben ni para qué los quieren. Y hay instituciones que simplemente ya cumplieron su ciclo o que carecen de sentido. El nuevo Gobierno tendría que estar, desde el primer minuto, en el proceso de valorar cuáles entidades ya no tienen lógica para nuestra Patria—como había dejado de tenerla un Ejército permanente en 1949—y proceder a su liquidación. Será una señal muy poderosa para la gran masa de costarricenses que miran con amargura a un Estado que les extrae cuantiosos recursos para hacer gala—al menos en los últimos dos Gobiernos—de una callosa insensibilidad y de un gusto por las extravagancias más grotescas.

III.           Reforma educativa

En materia de educación pública, el modelo implantado por el Estado en los últimos 16 años—iniciado por Leonardo Garnier y fortalecido por Sonia Marta Mora, Edgar Mora y Guiselle Cruz—ha resultado ser un fracaso total e indiscutible. Los resultados saltan a la vista: en todos los índices y mediciones atinentes se nota un retroceso grave, pero es más evidente aún en las actitudes y aptitudes de nuestros muchachos cuando logran sobrevivir a un sistema más empeñado en meterles ideología que conocimiento.

La rectificación en esta materia es, quizás, la que más rápidamente debería emprender el nuevo Gobierno. Después de todo, para la gran mayoría de quienes le dieron el triunfo, la educación pública luce todavía como la única posibilidad para sus familias, y por ende les resulta indignante que se persigan otros fines e intereses. La crisis COVID-19 demostró cuán necesarias—y prácticas—resultan las modalidades alternativas, sean estas virtuales o mixtas, para una formación más balanceada y efectiva de nuestra niñez, como ya hace tiempo se estila en otros países; y las herramientas tecnológicas existentes son idóneas para materializar el derecho de los padres a elegir para sus hijos los métodos y contenidos que estimen apropiados, sin estar de antemano “condenados” a aceptar incondicionalmente lo que se defina en los círculos burocráticos. Esto conlleva también a una impostergable mejora en la oferta educativa pública, al destierro de cualquier tentativa de implantar—de forma solapada o abierta—una “ideología oficial” desde ella, y a una pronta mejora cualitativa en la capacitación y dignificación de los educadores.

Aún a pesar de su escuálida presencia en el Congreso y a lo desdibujado del partido político que lo elevó a la cima, el nuevo Gobierno tiene una oportunidad inédita en nuestra historia. El expectante beneplácito de la ciudadanía puede ser de corta duración, pero—a diferencia de la derrotada e intransigente secta del socialismo “progresista” afincada en el Frente Amplio y el difunto PAC—tiene una cortés disposición a darle cierto tiempo al Presidente entrante y a su “selección” para plasmar sus primeras ideas. Las expectativas son altas, pero no desmesuradas. Medidas claras y decisiones rápidas, de cumplimiento oportuno y correctamente calibradas, serán mucho mejor recibidas que las ocurrencias, improvisación e insolencia que tanto marcaron los años pasados. Esperaremos que, pasados los simbolismos y la liturgia cívica, un Gobierno llegue finalmente a trabajar por la agobiada y desconfiada ciudadanía, y a recuperar su confianza.

 

Robert F. Beers

Apr. 5, 2022

Cuando los sectores académicos logren sobreponerse a la estupefacción que sin duda les debe haber provocado el resultado de la segunda ronda (y en particular el repudio a su particular cosmovisión, que considerasen “incontestable” durante los últimos lustros), sin duda encontrarán fascinante material de estudio en el meteórico ascenso de Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República.

Chaves volvió a su país natal como un perfecto desconocido al cabo de unos 35 años fuera, entre estudios y ejercicio profesional en organismos internacionales. Llamado a un corto y controversial paso por el gobierno del impopular Carlos Alvarado, sin trayectoria partidista previa de ningún tipo, al salir del gabinete pasó casi enseguida al primer plano de los posibles candidatos presidenciales, aunque sin una agrupación que lo respaldase.

Los enigmas que suponía Chaves contrastaban con la figura enteramente tradicional que había de enfrentar en el balotaje: el Expresidente José María Figueres Olsen, asociado a la eterna bandera de Liberación Nacional, el partido creado por su padre. Heredero de una rancia dinastía política, Figueres quiso presentarse como “inevitable” y apeló una y otra vez a la “experiencia” que, según él, lo eximía de cualquier escrutinio sobre su capacidad por el simple hecho de haber desempeñado ya el cargo al que aspiraba de nuevo. Pero esa “experiencia” debió haberle servido más bien para evitar los tremendos errores de lectura política que cometió de principio a fin, alimentados por la desconexión de las élites políticas y mediáticas (a las que sus ansias y su “corrección política” también les nublaron la vista).

Claramente, el espíritu de nuestra época—dentro y fuera de nuestras fronteras—ha sido un rotundo y violento rechazo a los políticos “de carrera”, y las ansias crecientes de que apareciese un “outsider” (“advenedizo”), es decir, un personaje de otra generación, cuyo reconocimiento y liderazgo no se hayan gestado en lo tradicionalmente “político”, sino en otras áreas con poca o ninguna relación con lo electoral: una tendencia expresada, entre otros casos, por Beppe Grillo en Italia, Donald Trump en los EEUU, Nayib Bukele en El Salvador o Volodimir Zelensky en Ucrania.

Sin embargo, en Costa Rica algunos círculos académicos, políticos y mediáticos se dedicaron a todo lo contrario: intentar inducir una especie de "nostalgia" hacia el bipartidismo tradicional del siglo pasado, y a dar así la espalda a las señales (cada vez más intensas) que emitía el grueso de la ciudadanía, crecientemente irritada, excluida y empobrecida por las extravagancias e indiferencia de la casta en el poder. De esa lectura distorsionada, elitista y desfasada en el tiempo, surgió la candidatura de José María Figueres.

El liberacionista y su séquito—al que se terminaría sumando una bandada de “aves migratorias” procedente del oficialista PAC, que ya venía en caída libre—probablemente subestimaron el rechazo que iba a producir el mal recuerdo del periodo 1994-1998, aunado a los escándalos posteriores y a un error estratégico descomunal: su intento de identificarse con la corriente “progre” (la misma que había llevado al poder a Carlos Alvarado) y ofrecer continuidad ideológica cuando la población clamaba por cambio.

Es probable que los “intelectuales” que planteaban esta superficial lectura, llegasen a autoengañarse con los resultados de la primera ronda, que terminaron por dar a Figueres el pase, primordialmente gracias a la votación suburbana que otrora encumbrase al PAC. Quizás esa aparente ventaja (once puntos porcentuales sobre el segundo lugar) les haya impedido analizar tres indicios que debían haberlos alertado sobre el agotamiento del discurso “progre”. Uno, que el propio PAC quedara esencialmente eliminado de la política nacional, sin llegar al 1% de los votos ni a obtener un solo diputado; dos, la derrota de Figueres en las empobrecidas provincias costeras y las zonas rurales; y tres, la crecida generalizada del abstencionismo, más aguda precisamente en las mismas zonas donde el Expresidente obtuvo los porcentajes más bajos.

Harán falta más estudios serios sobre los fenómenos sociales subyacentes—los cuales, esperemos, obedezcan a la honestidad intelectual más que a una agenda ideológica—, pero el rasgo más notable fue que, de los 25 partidos que compitieron en la primera ronda, el segundo más votado (detrás de Figueres) fue un partido debutante, cuyo nominado no tenía a su haber más que un paso fugaz por un puesto complicado en un gobierno malquerido, y cuya figura más popular ni siquiera era él, sino su candidata a diputada por San José, la periodista Pilar Cisneros. Sin tener las carencias académicas de Fabricio Alvarado, el híbrido “liberprogre” de Eli Feinzaig, el verbo añejo de José María Villalta ni la desesperante indecisión de Lineth Saborío, y contando a cambio con el impulso de Cisneros y de un grupo de profesionales poco conocidos en política, Rodrigo Chaves rompió la mayoría de los pronósticos y logró el pase al balotaje.

Los resultados de esta votación confirmaron lo dicho. Nuevamente fracasó la lectura “desde las alturas”, y como resultado Figueres, en vez de rectificar en sus debilidades, las profundizó interpretándolas como “fortalezas”. La campaña llevada al plano de lo hepático, el intento de polarizar a partir de temas emocionales, la utilización de la mujer con fines politiqueros, el recurso del “salto al vacío”, la estigmatización, y el abandono de cualquier pretensión de “neutralidad” por parte de sectores mediáticos y académicos, todo ello pareció generar la reacción inversa en la ciudadanía históricamente desatendida y empobrecida por los últimos gobiernos. Las urnas así lo atestiguan: Figueres sólo tuvo fuerza, otra vez, en los suburbios de San José, Cartago y algunas zonas de Heredia, las regiones que ayer nomás elevaban al PAC; pero de las zonas rurales sólo pudo ganar los cantones de Zarcero y Nandayure (este último por apenas 9 votos). Rodrigo Chaves se convirtió en Presidente electo con los votos de la Costa Rica humillada: la de las costas, la rural, la urbano-marginal, la agrícola, la del trabajo informal, la de las zonas indígenas y fronterizas.

Es claro que esos sectores que terminaron por darle el triunfo, quizá no tuviesen expectativas muy altas de Rodrigo Chaves como figura o candidato. El sentido de su voto era otro: el de tomarse finalmente una “revancha” contra el elitismo político, mediático, académico y financiero que—según percibían—los humillara una y otra vez. Pero ello no significa que no tengan las expectativas más altas de Chaves como Presidente. Frente a la “certeza” que ofrecía su oponente, Costa Rica eligió darle el beneficio de la duda. El reto estará en llenar, con humildad y mansedumbre, esas altas expectativas.

Robert F. Beers

Apr. 2, 2022

En vísperas de que se sepa—por fin—la identidad del próximo ocupante de la Casa Presidencial, ya es un alivio que termine la campaña más inmunda de la que se tiene memoria en décadas (un desmentido, por cierto, para los que creíamos que lo de 2018 era difícil de superar).

Muchos están asqueados, y otros sufren sólo de cierto “asco selectivo”, implacables con un candidato y peculiarmente indulgentes con el otro, sin importar la magnitud, el sustento o la cantidad de cuestionamientos. También parece haberse desatado una “pandemia” de pérdida de memoria, y una cantidad tremenda de brotes de cinismo, verborrea, justificaciones ridículas y memes insufribles.

La realidad es que toda la alineación que figuraba en la tarima del triunfo de Carlos Alvarado en 2018 (Alberto Salom, Edgar Mora, María Luisa Ávila, Leonardo Garnier, La Nación, Telenoticias, CR Hoy y demás) parece preparada para subirse también a la de José María Figueres: algo que sería imposible a menos que tengan plena garantía de que su agenda “progre” seguirá intacta y fuerte. Y esa garantía, como en tiempos de Luis Guillermo Solís, se encuentra en la mismísima candidatura a la Vicepresidencia de la República.

El único que pareciera no haberse enterado, es Fabricio Alvarado: en su última intervención pública se mostró molesto porque la campaña de Rodrigo Chaves no le “pedía permiso” para atraer dirigentes de base, pero en cambio no hizo siquiera la menor mención del “clan progre” que, muerto el PAC, se reagrupó alrededor de Figueres. ¿Pretendería este silencio favorecer a los enemigos declarados del pensamiento y los valores que abraza su partido?

En la otra acera, el opositor Rodrigo Chaves ha recibido una lluvia de fuego y azufre comparable a la que desde hace un más de mes reciben Kiev y Mariupol por cortesía de Vladimir Putin. Al verse Figueres incapaz de levantar una imagen tremendamente negativa, pareciera haber optado por bajar la de Chaves con toda clase de acusaciones, apelaciones soeces al miedo, y golpes arriba y abajo del “cinturón” (para usar una metáfora del boxeo). No le ha faltado energía para devolver los golpes y atestar algunos otros, especialmente en los debates; pero pareciera que algunas figuras de su campaña optaron por bajar el perfil y “dejarlo solo” en la recta final.

Lo cierto es que ambos han tendido—por necesidad, por morbo o por desquite—a cruzar algunas líneas que no debieron nunca ser cruzadas en una campaña política.

Y a los ciudadanos que queremos actuar con responsabilidad hacia nuestro país, nos toca sólo un paso más: atravesar toda esta maraña de basura, y tomar una decisión patriótica. Necesitamos pasar esta página cuanto antes, no repetirla esperando resultados diferentes. Es evidente que, aun suponiendo lo peor de ambos candidatos, siempre habría uno un poco mejor que el otro, o al menos que nos permita el beneficio de la duda. De modo que, si el “aroma” de esta campaña nos resulta insoportable, sólo resta un consejo que dar:

Tápese la nariz, ¡y salga a votar!

 

Robert F. Beers