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May. 1, 2021

Parece mentira que haya necesidad de estarle recordando al Poder Ejecutivo (y a aquellos que por simpleza o por malicia le hacen segunda) que, en una República como la nuestra, la Constitución Política no sólo es la lista de los derechos mínimos de la ciudadanía, sino también el límite MÁXIMO del poder del Estado.

Parece mentira que a tan altos jerarcas les hagan falta las nociones más básicas sobre el poder que ejercen y sobre la Constitución que juraron observar y defender. Sin embargo, y dado que las carencias son tan evidentes, les facilitaremos un repaso sobre esas nociones. Esperemos que, a pesar de su limitada capacidad de comprensión, les sean de utilidad.

Veamos: el artículo 11 de la Constitución establece que los funcionarios de cualquier rango son “simples depositarios de la autoridad” y no pueden arrogarse facultades que la ley o la Constitución no les da. Es decir, ni el Presidente ni sus Ministros pueden inventarse poderes por decreto, ni mucho menos decir que pueden olvidarse de la Constitución cuando les convenga. No existe NINGUNA situación, NINGUNA, que los autorice a sobrepasar el orden constitucional.

Algunos intentan "vendernos" la idea de que sí las hay, y señalan algún oscuro y desconocido tratado internacional que, según dicen, permite al Gobierno hacer lo que viene haciendo e ignorar los límites de la Constitución, si pone la excusa "correcta". Pero es FALSO. Los únicos tratados internacionales que equivalen o superan la Constitución, son los que otorgan a la gente derechos más amplios. Aquellos que, por el contrario, limiten esos derechos o amplíen el poder del Estado, son inaplicables por contradecir la Constitución (que supera en jerarquía a cualquier otra norma, según lo establece su artículo 7).

¿Y si hay una emergencia? Por supuesto que la Constitución lo prevé; no fue escrita por tontos. Las situaciones más graves contempladas son: 1) el estado de Defensa Nacional, previsto en el artículo 12 y que autorizaría inclusive reestablecer un Ejército; y 2) la suspensión de derechos y garantías constitucionales, prevista en el artículo 121 inciso 7. En ambos casos, es la Asamblea Legislativa la que debe autorizarlas. Por cierto, los diputados incluso están obligados a revisar (y pueden revocar) cualquier decreto del Poder Ejecutivo que tenga el efecto de suspender garantías (artículo 140 inciso 4).

Ahora bien, las únicas garantías que pueden suspenderse son las que aparecen en la lista del artículo 121 inciso 7, por un plazo máximo de 30 días. Sobra decir que las que no estén en esa lista, NO SE PUEDEN SUSPENDER NUNCA.

En dicha lista, por ejemplo, no está el derecho a la vida, ni la propiedad privada, ni la libertad de comercio, ni la libertad de trabajo, ni tampoco la libertad de culto. Por consiguiente, NO PUEDEN SUSPENDERSE.

La libertad de comercio (artículo 46) tiene una protección especial: no puede suspenderse, restringirse ni amenazarse, NI SIQUIERA ALEGANDO UNA LEY. Es decir, ni una Ley de Emergencia, ni una Ley General de Salud, ni ninguna otra ley ordinaria, facultan al Poder Ejecutivo a amenazar, restringir o suspender la libertad de comercio, pues la misma Constitución lo prohíbe de forma expresa.

Además, en el caso extremo de una suspensión de garantías, el Ejecutivo debe SIEMPRE informar a la Asamblea sobre las medidas excepcionales que toma, sus razones y sus resultados. La obligación de rendir informes aplica también para declaratorias de emergencia nacional (que se rigen por una ley especial, pero por supuesto no pueden establecer medidas más graves que las contempladas en la propia Constitución).

Puede verse que NADA de lo anterior ha sido respetado, ni siquiera por accidente, por el actual Gobierno. Para colmo, la Asamblea Legislativa y especialmente sus últimos dos Directorios, simplemente “se quedaron viendo” cómo el Ejecutivo va haciendo lo que le da la gana.

Por si fuera poco, el Ministerio de Seguridad y el de Salud andan reclamando que se debe eliminar la protección constitucional a la privacidad del domicilio (art. 23). Hasta hoy la policía sólo puede meterse en nuestra casa a la fuerza con el permiso escrito de un juez, o bien para impedir un delito o capturar a un fugitivo, pero en cambio el Gobierno quiere hacerlo para impedir el ejercicio de libertades que no están suspendidas (aunque les pongan la maligna etiqueta de “clandestinas” para hacer parecer que las libertades son algo malo). ¿Es esto razonable, proporcional o justificable? ¿Van a seguir culpabilizando y agrediendo a la ciudadanía, poniéndola a espiarse y a pelear entre sí, para disimular su propia incapacidad de ejecutar lo elemental?

Hecho este repaso, queda sólo una pregunta por hacer. ¿Cuánto más de nuestra libertad, y de las protecciones constitucionales que han forjado la Costa Rica que conocemos, estaremos dispuestos a dejarnos quitar a cambio de la falsa "seguridad" que nos ofrece el Gobierno?

Robert F. Beers

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Apr. 27, 2021

Millares de personas en Costa Rica se sienten—con toda razón—angustiadas por el rumbo (o mejor dicho, la falta de éste) que padece nuestra nación. A esos costarricenses les duele ser testigos de una decadencia sin precedentes. En su profundo patriotismo y enorme reserva moral, los atormenta sentirse impotentes para frenar este declive.

A los patriotas nos agravia ver en altas posiciones a una élite de novatos politiqueros sin respeto alguno por la identidad y la trayectoria costarricense, y decidida a convertir sus vicios y traumas en políticas de Estado, aunque el precio sea empobrecernos a todos económica, jurídica y éticamente. Nos ofende la indiferencia de los grupos económicamente más poderosos, los cuales guardan un cómplice silencio a cambio de alguna ventaja que altere a su favor las dinámicas naturales del libre mercado. Y nos irrita el derrumbe de la institucionalidad de nuestra República, la sustitución de las libertades por “permisos” que el Estado da y quita según su capricho, o la noción de que las entidades que se crearon para cuidar esas libertades sean las primeras en convertirse en instrumentos de su desplome, evadiendo una y otra vez la representación de la voluntad ciudadana.

Por mucho que quisiéramos ser optimistas, nuestra realidad no resulta muy alentadora. El elitismo, la irresponsabilidad, la corrupción y, sobre todo, la mentalidad entre cínica y totalitaria de los últimos Gobiernos, nos heredan un país más pobre, deprimido y sobre todo dividido. Los representantes locales de una agenda antipatriótica, determinada a acabar con todo tipo de identidades (nacionales, culturales, religiosas o incluso biológicas) han hecho de las divisiones no sólo un pasatiempo, sino una verdadera forma de acaparar el poder. Y trágicamente, han demostrado poca capacidad y menos interés por atender los anhelos y las necesidades de una ciudadanía cada vez más “huérfana” en términos políticos.

Son cinco los temas que más inquietan a nuestra ciudadanía: 1) desempleo y tránsito hacia la pobreza, 2) rezago en infraestructura, 3) pérdida de libertades en nombre de intereses “colectivos”, 4) decadencia e ideologización educativa, 5) inseguridad pública, penetración de la corrupción y del crimen organizado. Todos ellos, sin embargo, se enmarcan como los indeseables resultados de implementar a ultranza una agenda ideológica elitista, enfocada en el hegemonismo cultural, cuyas prioridades andan lejos de las necesidades y anhelos de la ciudadanía: impuestos altos, aborto por la libre, fronteras abiertas, privilegios para colectivos favoritos, laicismo ideológico forzoso, sustitución de la República por un Mega-Estado con amplios poderes y pocos límites…

Lejos de premiar tan estrafalarias “prioridades”, debíamos ocuparnos de dar respuestas concretas a los apremios ciudadanos. Y no se trata solamente de respuestas coyunturales a un puñado de temas, sino de aquellas ideas y esperanzas que se construyen a partir de la coherencia y el pleno respeto a nuestra identidad y valores.

Necesitamos hablar, en primer lugar, de un renacimiento económico. Ya no basta con una “reactivación”, pues de la inactividad hemos pasado ya a una moribunda atrofia de nuestro sector productivo, ahogado por el puño de un Gobierno contradictorio y sin ruta. Nuestros emprendedores (y aquellos que quieran invertir en nuestro país) necesitan renacer, liberarse de las cadenas de un Estado que primero les estorba y luego les cobra por hacerlo, y poder realizar con agilidad sus actividades para beneficiar a la sociedad a través de su producción y de los empleos generados.

Necesitamos un renacimiento fiscal. Hay que marcar un alto definitivo a la medieval voracidad de un régimen empeñado en expoliar y empobrecer a la ciudadanía para patrocinarse a sí mismo. Si el nivel de gastos es ya insostenible, y el de impuestos es excesivo, es necesario reducir: no para crear artificialmente más desempleo, sino para aliviar la carga al ya desmenuzado sector productivo y lograr que para un emprendedor sea menos costoso y más deseable estar “a derecho” que operar en la informalidad.

También nos urge un renacimiento como República. Se trata de recordarle al Estado que su poder tiene límites escritos en la Constitución. Se trata de reimplantar el principio de un poder limitado y dividido, no concentrado en unos cuantos imberbes caprichosos. Se trata también de sacar al Estado de donde nunca debió haberse metido (ej. el derecho a la intimidad, la gestión de empresas, la ideologización "educativa", el privilegio de sectores específicos, el ahogamiento de las libertades individuales en nombre de una “seguridad colectiva” que sólo ellos definen) y enfocarlo en aquello para lo que en realidad existe (seguridad, representación política, administración de justicia, ejecución de obras públicas). Un Estado enfocado es más ágil, eficiente y menos propenso a la corrupción.

Y finalmente, nuestra nación demanda un renacimiento patriótico, ético y moral. Si una persona o partido político busca minimizar o ridiculizar derechos tan básicos como la vida o la libertad de conciencia, tengamos plena seguridad de que con ellos peligrarán también los demás derechos y libertades. Si también busca diluir nuestra identidad y alinearnos a punta de miedo y pobreza, o si tiene evidentes nexos con agendas oscuras o criminales, ningún costarricense digno debería tan siquiera considerar un voto a su favor.

Para la tarea que aguarda a nuestra Costa Rica, no bastan las fuerzas de un solo hombre o mujer. No hay en nuestra tierra magos, genios, superhéroes ni personajes de fantasía, sino tan sólo “ciudadanos”; pero la ciudadanía por sí misma es una preciosa dignidad y una valiosa herramienta para el titánico reto que debemos afrontar. Nos toca dar fin a la debacle, y poner en marcha el gran renacimiento nacional.

Robert F. Beers

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Apr. 5, 2021

Este mediodía se dieron a conocer finalmente los informes de la Comisión Investigadora que desde el Congreso se dedicó a investigar los manejos financieros del PAC, y especialmente la famosa estafa al Estado perpetrada con los recursos de la campaña de 2010.

Recordaremos que por esta causa se realizó un resonante juicio, que terminó en la condena del ex tesorero y del mensajero del partido como "autores responsables" del delito, por un monto que aún está en discusión pero que se estima en más de ₡600 millones (los cuales, desde luego, no han sido pagados). Sin embargo, para los actuales diputados la investigación judicial dejó más dudas que respuestas, y por tal motivo decidieron hacer la suya propia.

Como era de esperar, apareció un informe de minoría (firmado por la diputada del PAC y que en esencia asegura que todo estuvo bien, que es pura politiquería y que los dos señores antes mencionados urdieron, planearon y ejecutaron por sí solos toda la estafa, sin ninguna colaboración activa o pasiva de la estructura política en sí misma). Y también un informe de mayoría, respaldado por todas las demás fuerzas políticas del Parlamento, y que esta tarde se hizo público luego de quedar aprobado en la Comisión.

De este último han salido las conclusiones más contundentes. Ya la prensa hizo mención de las recomendaciones categóricas: la solicitada destitución de Ottón Solís de su cargo como representante ante el BCIE, y la remoción de Margarita Bolaños (la firmante de todos los contratos dudosos) de su desacreditado puesto de "garante ética". Sin embargo, estos grandes titulares quizá dejan un poco enturbiado el meollo del asunto: cómo se desarrolló la estafa, y porqué no aparecieron más responsables.

De acuerdo a lo planteado en el informe, la respuesta sería simplemente que la Fiscalía sólo investigó unos cuantos eslabones de una cadena mucho más larga de hechos necesarios para que se diese el resultado. De ese modo, escaparon a la acusación formal (y por ende, a la atención judicial) varios hechos y protagonistas esenciales, a lo que se agregó por añadidura la sospecha de testimonios falsos (recordemos que en la primera sentencia se ordenó juzgar por falso testimonio a una ex diputada).

El diagrama deja más clara la ruta de aquella estafa, y permite conjeturar a los responsables políticos que, a criterio de la mayoría de la Comisión, contribuyeron de forma determinante en aquella vorágine financiera. Además de ellos, claro está, hubo decenas de dirigentes y militantes a los que el PAC involucró, utilizándolos como "instrumentos" para legitimar los recursos, lograr que el TSE se los reconociera y "extraérselos" con los contratos falsos. No en vano muchísimas personas que habían militado en las filas del PAC desde su fundación, terminaron por salir corriendo al percatarse de lo que había dentro en realidad: un partido que, en palabras de su propio fundador ante el Plenario Legislativo, al estafar a la ciudadanía merecía el calificativo de "enfermo".

A estas personas, de cuya sinceridad, ingenuidad y patriotismo tomaron ventaja sin ningún escrúpulo, no debe darles vergüenza alguna haber creído que la ética, la responsabilidad y la austeridad eran importantes y deseables en la política. Tampoco debe darles vergüenza haberse equivocado al creer que eran sinceros los que apelaban a esos valores para pedirles votos. No es motivo de vergüenza haber pasado por allí. Vergüenza debería darles sólo a los que, después de ver lo que había en realidad, decidieron quedarse.

Robert F. Beers

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Mar. 25, 2021

En cierta oportunidad, un ingenioso usuario decidió publicar un video sobre fútbol, con una "insignificante" alteración: borrar la bola. Por supuesto, el efecto era risible: acrobacias, gambetas, saltos, cabezazos, estiradas y chilenas carecían completamente de objetivo, las barridas lucían más agresivas y absurdas, las redes se movían por sí solas, y los futbolistas dejaban de jugar y corrían jubilosos a las esquinas sin razón aparente.

El problema es que, sin proponérselo, ese usuario terminó haciendo una involuntaria parodia de nuestra incipiente campaña política.

Tenemos en nuestra cancha electoral un número récord de jugadores (precandidatos), que prácticamente sobrepasa los treinta. Sólo el PLN, tan venido a menos, aporta casi una decena, la mayoría nombres "repetidos". El desacreditado PAC, oficialismo vergonzante y vergonzoso, ya va sumando cinco entre aspirantes virtuales y declarados. El PUSC aporta al menos tres "oficializados", aunque entre todos no suman ni el margen de error de una encuesta. De los demás partidos con alguna relevancia, sólo Nueva República se mantiene con un único nombre oficialmente en liza (Fabricio Alvarado), y el Frente Amplio con uno "virtual" (el "sorpresivo" José María Villalta, quien contará a su favor con la campaña que promete hacer Albino Vargas contra todos sus oponentes). Se sabe que Sergio Mena lo intentará de nuevo desde el PNG, y que el sector liberal aporta al menos tres posibles aspirantes (Eli Feinzaig, Natalia Díaz y, según se rumorea, Federico Malavassi). Y también está el insólito caso de un "jugador" con varias camisetas, el ex Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, apoyado por el PRSC, Unidos por Costa Rica y otras dos agrupaciones en gestación. Pero, ¿cuál es el problema? Que en medio de tantos jugadores, no aparece por ningún lado la bola.

La ciudadanía sólo ve un montón de caras, algunas muy insistentes, otras casi desconocidas... pero en el fondo no sólo no sabe por quién votar, sino que nadie está ocupándose de darle razones para hacerlo. El vacío intelectual, programático e ideológico es prácticamente absoluto.

Los precandidatos del PUSC, por ejemplo, parecen más desesperados por salir del anonimato que por plantear ideas creíbles (algo bastante difícil considerando que lo que menos tiene su agrupación es "unidad" en cuanto a objetivos, pensamientos o propuestas). Los del PLN, sin embargo, no han sabido explotar ese vacío: algunos se dedican únicamente a "jinetear" el hecho de que sus nombres sean conocidos (por varias precandidaturas previas o por el hecho de ser Expresidentes "tóxicos"), otros a organizar intrigas de palacio para trucar la convención, y sólo los "insurgentes" (Fernando Zamora y Claudio Alpízar) han planteado de forma aislada algún tema para debatir. Y los del PAC, ni se diga: una precandidata declarada (Martha Zamora) y uno virtual (Welmer Ramos) intentan representar a un sector de ese partido que ya hace años que no existe, mientras el ala "progre" aún duda entre Ana Helena Chacón y Carolina Hidalgo, y el ex Ministro de Deportes Hernán Solano no tiene idea de a quién representar. Todo, mientras la definición ideológica del partido (o la "idea de juego" del PAC para el 2022) será obra nada menos que de la ilustre Paola Vega. Y esto, por no hablar de los que andan atareados intentando colocar en puestos estratégicos a algunos amigos, aunque no se conozcan sus méritos fuera de la oficina donde trabajan (cuando lo hacen).

Uno desearía que los candidatos externos a la "burbuja" tradicional pusieran la bola en el campo (dado que los de adentro parecen no tener la intención o el interés de hacerlo). Quisiéramos escucharlos explicar, por ejemplo, cuáles serían las primeras cinco medidas que debe tomar el próximo Gobierno para reducir el endeudamiento en masa y dejar de pasarle la factura a la ciudadanía vía impuestos. O bien, cuál es la forma más rápida y eficaz para reanudar la maltratada actividad económica de nuestra nación en el contexto post-pandemia, disminuir la pobreza que se hinchó hasta el 26% en los últimos doce meses, o debatir si la respuesta es continuar con el enfoque asistencialista focalizado o se procura en cambio alentar la generación de riqueza.

Nos gustaría saber si vamos a seguir teniendo un Estado con inclinaciones totalitarias, que se entromete en la intimidad, las convicciones personales, la religión o la enseñanza de nuestra niñez (como lo hace hoy el PAC), o si seguirá siendo la "correa de transmisión" de los caprichos de algún grupúsculo radical, de esos que llaman "derechos" a los delitos mientras inventa proyectos de ley para convertir las actuales libertades en delitos ideológicos (y culpa a los demás de "oprimirlos" por no someterse pasivamente a tales ocurrencias). Quisiéramos saber cuáles son las prioridades en la educación pública. Y si vamos a lograr algún tipo de equilibrio entre el cuidado del ambiente y el uso de materias primas para el desarrollo económico. También cuáles obras de infraestructura van a ser emprendidas, recuperadas o completadas: si la carretera a San Carlos, la radial a Sarchí, algún tipo de "canal seco" para reconectar el Caribe con el Pacífico a través de la Zona Norte, la restauración de las rutas a San Ramón y a Orotina, o la ampliación de la ruta 32 van a ser atendidas, o si continuaremos fantaseando con ciclovías urbanas, que suenan tan "cool" pero son evidentemente imprácticas...

En fin, sé que muchos quisiéramos conocer y valorar si alguien de los que está en el campo de juego va a tener alguna respuesta para estas y otras preguntas, conversar y debatir sobre si esas respuestas son prácticas y efectivas, y ver si de una vez nos volvemos a enfocar en las necesidades, valores, principios y metas de nuestra nación. Guardemos, pues, la esperanza de que el tumulto, las altisonancias y los gritos dentro y fuera del terreno no nos oscurezcan la mente, que seamos nosotros como electores quienes pongamos "la bola" en el centro... y que de ninguna manera permitamos que ningún aspirante se beneficie de eludir el debate real y "patear la bola".

Robert F. Beers

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Mar. 19, 2021

En un país que parece más atento a los lamentos de Celso Borges que a las acusaciones de Celso Gamboa, y donde se comentan más las acciones de Keylor Navas que las inacciones de Emilia Navas, no es de sorprender que algunas situaciones inexplicables (o inaceptables) sean recibidas con total indiferencia, o incluso con normalidad. Entre la chismografía del delicado camerino de la Sele y los brutales aumentos en la gasolina, el aturdimiento colectivo nos pretende esconder la acusación contra las cabezas del primer gobierno PAC por el manejo “delictivo” (que en lenguas progres llaman “heroico”) de las finanzas públicas, o bien el último grito de la moda electoral: los “partidos prepago”.

Así como se escucha: en la Unidad salieron con el disparate de cobrar nada menos que ₡40 millones por el “derecho” de postularse como precandidato presidencial. Considerando que el PUSC lleva cuatro elecciones seguidas terminando en cuarto o quinto lugar y sin sobrepasar el 16% de los votos, pagar semejante “cuota” viene a ser como comprar un tiquete de primera clase en el “Titanic” sabiendo que va a naufragar.

Y para no ser menos que su viejo rival, Liberación también empezó a pedirles plata a los precandidatos. Al menos fueron un poco más “generosos”, pidiendo “sólo” ₡29 millones, lo que quiere decir que nada más hay que pegarse el segundo premio de la Lotería Nacional para poderlo pagar (o que Keylor, Celso y Bryan podrían reunir ese dinero si ganan el famoso juicio).

Lo más grave de todo, sin embargo, es que haya gente pretendiendo justificar estos cobros—y partidos acariciando la idea de seguir estos ejemplos—como una “muestra de seriedad” de las aspiraciones. Pareciera que lo mismo aplica para la distribución de candidaturas a los escaños legislativos. ¿Será que las agrupaciones políticas no entienden las consecuencias de este tipo de actos, o más bien que las entienden a la perfección?

Para darles el beneficio de la duda, diremos que no las entienden, y las explicaremos en pocas líneas: lo que hacen estos “partidos prepago” es simplemente ponerle precio a la democracia. Bajo la máscara de “costear los procesos internos” que se requieren por la mera existencia de las candidaturas (y del partido), lo que hacen en la práctica es decirnos que no tienen la menor intención de atender el reclamo de la ciudadanía y tampoco pondrán en sus papeletas a las mejores personas, sino únicamente a los que les sobren ambiciones, tiempo y plata.

Ese nivel de elitismo político no sólo atenta contra la naturaleza misma de la República, sino que representa un “incentivo perverso” para corromper de entrada el funcionamiento de cualquier sistema político. Los candidatos a la Presidencia podrían entonces verse en el compromiso de promover como aspirantes a diputados o a otros cargos, no a las personas con atestados y competencias idóneas para el puesto, sino al amigo que le ayudó a resolver este u otros apuros económicos. Ese amigo, a su vez, quizá necesite también de otros amigos “generosos” que le faciliten los recursos a cambio de un nombramiento en un cargo de confianza, o de un acceso privilegiado al que quedó electo. ¿Necesitamos más explicaciones para comprender a fondo las terribles consecuencias? ¿No nos han bastado dos gobiernos PAC, y otros anteriores, para conocer lo nefasto del "amiguismo" en política?

En otras oportunidades hemos dicho, con plena convicción, que la República es un sistema basado en la “desconfianza” hacia el poder, especialmente cuando este se concentra en pocas manos. Los cobradores de los “partidos prepago” hacen precisamente esto: concentrar el poder, elitizar las decisiones políticas, y reducir el Estado a un mero pagador de favores de campaña. ¿Cuál debería ser la actitud de un partido cuyo interés genuino sea renovar la República? Hacer exactamente lo contrario: ofrecer los asientos a ciudadanos de probidad intachable, atestados idóneos, con arraigo y aceptación en las distintas regiones de la provincia o país, y entusiasmar a la ciudadanía para que sea ella—en lugar de las cuentas bancarias y los manipuladores profesionales—la que genere el ímpetu electoral y financiero para poner a nuestra nación de nuevo en el camino de la grandeza. Los “partidos prepago” se descalifican solos, y cualquiera que siga esa ruta, está condenando a la República a una lenta agonía.

Robert F. Beers

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